En los últimos meses del 2019 e inicios del 2020, nuestro país transita nuevamente por una epidemia de dengue, que tiene como datos oficiales 47 muertos, 20.254 casos confirmados y 164.180 notificaciones; este virus endémico en el Paraguay genera cíclicamente un fuerte impacto en la salud pública, con cantidad de personas que acuden simultáneamente a los servicios públicos y privados de salud, haciéndolos colapsar o al menos dificultando la atención a los pacientes con otras dolencias3. Incluso ya ha sido declarada emergencia sanitaria.
Como si no fuera suficiente esto, resulta que ahora se suma la llegada al Paraguay del coronavirus (covid 19), que según los datos oficiales tiene en nuestro país 11 casos confirmados (al 17 de marzo). El primero de ellos se trató de un hombre que vino desde Ecuador (7/03/2020 confirmación) y el segundo proveniente de Argentina. Otros ocho son contagios aparentemente locales y uno último que llegó desde México. La propagación de la enfermedad en el mundo es exponencial, tanto es así que cuando comencé a elaborar el artículo (al final de la mañana del 14/03/2020) los casos confirmados en el mundo eran de 153.511 en más de 140 países, y al concluir el trabajo, en la madrugada del 18/03/2020 (01:30 horas) los enfermos llegaron a 198.006 y los países a 154.
El Paraguay tomó medidas bien drásticas: el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 3442 del 9 de marzo5 y la Resolución del Ministerio de Salud Nº 90 del 10 de marzo, ha suspendido toda actividad que implique la aglomeración de personas. Viendo las medidas que van adoptando otros países, ya con una mayor circulación del virus, resulta claro que nuestro país tomó la decisión acertada, tal como lo advierte la misma OMS7. Ahora bien, el asunto es si el sistema penal paraguayo atiende de manera específica
el fenómeno que se produce ante estas epidemias. En efecto, la experiencia práctica nos enseña que en Paraguay muchas veces las leyes penales se vuelven “elásticas” en su aplicación; especialmente cuando los órganos judiciales y de persecución penal pretenden “calmar” la “alarma social”.
