Derecho penal médico y responsabilidad penal en el sector de la salud
Una de las áreas clásicas de responsabilidad penal es la vinculada a la mala praxis médica, debido a los riesgos inherentes que las intervenciones médicas suponen para la vida y la integridad física de los pacientes. En el derecho penal paraguayo, además, no solo se protege la salud del paciente, sino también su derecho a la autodeterminación, lo que genera situaciones complejas para el personal médico, especialmente cuando se trata de intervenciones de urgencia en las que no es posible obtener un consentimiento informado de manera previa.
En este contexto, nuestro estudio jurídico cuenta no solo con un equipo de abogados con sólida experiencia en casos emblemáticos de responsabilidad médica, sino también con asesores médicos especializados, lo que nos permite brindar una representación técnica de alta calidad, tanto en la defensa de profesionales de la salud, como en la representación de pacientes o familiares que aleguen haber sido víctimas de mala praxis.
Sin embargo, la responsabilidad penal en el sector salud no se agota en los casos de praxis médica defectuosa. La industria médica y farmacéutica abarca un conjunto de actividades que pueden comprometer otros derechos fundamentales de los pacientes y generar riesgos penales adicionales.
Por ejemplo, toda la información vinculada a la salud del paciente está protegida por el derecho a la privacidad, y un manejo inadecuado o negligente de estos datos sensibles puede derivar en imputaciones por hechos punibles contra la privacidad. A su vez, la producción, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos está sujeta al cumplimiento de normas administrativas específicas y a la legislación vigente sobre drogas y productos medicinales, por lo que su incumplimiento puede generar responsabilidad penal por delitos como la comercialización de medicamentos nocivos, adulterados o no autorizados.
Frente a estos escenarios, nuestro estudio brinda servicios de asesoría preventiva y gestión de riesgos penales a empresas y organizaciones del sector médico y farmacéutico, colaborando en la creación de políticas internas, protocolos operativos y mecanismos de control, dirigidos a evitar o minimizar las exposiciones penales que puedan derivarse del ejercicio de su actividad.
